Fuente: laprensagrafica.com
Paralelo a admitir debilidad de controles de seguridad, y delitos desde el interior de los centros de readaptación, el director del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), Luis Salazar, reveló saturación de estos –por cometimiento de delitos graves– haciendo un aproximado de 685 menores de edad privados de libertad.
Hace dos días la comisión de legislación y puntos constitucionales de la Asamblea Legislativa logró un acuerdo para reformar la Ley Penal Juvenil que sentencia con un máximo de siete años de internamiento los delitos graves. La reforma implicaría que tal sanción suba hasta los 15 años de internamiento. Salazar se mostró adverso ayer ante la iniciativa, y señaló que con tal medida únicamente se está atacando la superficie del problema y no sus causas generadoras.
Internos
El titular del ISNA manifestó ayer que la iniciativa de reformar el artículo 15 de la Ley Penal Juvenil –donde se establecen como máximo los siete años de internamiento– representa un obstáculo para la institución.
Según el funcionario, aunque no dio cifras, la saturación de los cuatro centros de readaptación de menores ha eclosionado en los últimos dos años debido al ingreso constante de más niños en conflicto con la ley.
“Prácticamente en dos años se ha duplicado la población de 350 a 600 (menores)”, agregó Salazar.
El incremento de las entradas –tanto de niños procesados como condenados– se debe, según el ISNA, a “que en delitos como la extorsión ha aumentado el número de jóvenes que (los) están cometiendo. Es una realidad, hay que decirlo, los jóvenes cada vez se están involucrando en delitos más graves”, dijo Salazar.
Los datos de la institución arrojan de forma somera que el 15% de los menores internos –unos 100 aproximadamente– purga condena o está acusado de homicidio. Una cifra similar está recluida por el delito de extorsión, y otro 25% más –que es el delito más común, según el ISNA– por hurto.
De hecho, es el mismo artículo 15 de la Ley Penal Juvenil que establece el internamiento como una medida “excepcional”, destinada a aplicarse solo para delitos considerados graves.
Datos policiales señalaron a inicios de enero que el delito de extorsión ordenado desde el interior de un centro penal había aumentado en un 600% en 2009, al pasar a ocho de cada 10; cuando en 2008 las registradas fueron tres de cada 10.
El lunes, autoridades policiales y de Centros Penales decomisaron en una requisa ordinaria 45 teléfonos celulares en el interior del centro de readaptación de menores de Tonacatepeque. El mismo día, en el penal de Chalatenango –asignado solo a población adulta, y en su mayoría de pandillas– se requisó casi la mitad, 26 en total.
Salazar admite que podría existir el cometimiento de delitos con los aparatos; sin embargo, explica: “Tenemos controles débiles en seguridad perimetral”.
Como añadido, el ISNA reveló que la población carcelaria minoril es a la inversa de la adulta: la mayoría es miembro de pandillas. “Cerca del 85% de los jóvenes pertenece a pandillas”, aseveró Salazar.
Un porcentaje similar ha sido identificado como dependiente de las drogas. Salazar confirmó el hallazgo de marihuana en Tonacatepeque el lunes pasado.
Datos de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) –que no toman en cuenta los cuatro centros minoriles– revelan que entre 2007 y 2008 las autoridades decomisaron unos $500,000 en drogas en poder de los reos.
Una de las pocas aristas que ha sido revelada del remozado plan de seguridad que se planea implementar ha sido una intervención más directa al interior de centros penitenciarios, donde autoridades policiales y fiscales han dicho se ordenan homicidios y secuestros.
El director Salazar se quejó de la poca seguridad –que brinda la DGCP– para el resguardo de los centros, y criticó incluso la medida de lanzar disparos al aire, como ocurrió durante la requisa en Tonacatepeque el lunes para disuadir posibles motines, tras lo cual “tuvieron que negociar con los líderes”.
El funcionario añadió que se han sentado con el ministro de Seguridad para involucrarse en tal rubro en los centros de internamiento. Además han pedido –“y ya nos la están dando”– seguridad perimetral extra con miembros de la Fuerza Armada.
3 comentarios:
Que ignorancia, como pueden condenar menores si son los marosos los que mandan a los niños a cobrar sus extorciones para que ellos no sean descubiertos y luego de atrapar al menor lo condenan sin buscar quien esta detras de todo eso y los "policias" dicen lo que ellos quieran en su reporte solo para tener un culpable aunque sea el equivocado. Pero a la ley no le alcanzan los ojos para ver eso ni las cosas que los mismos policias hacen...
Definitivamente se tendria que hacer algo mas que condenar menores, hay tantos que estan afuera cometiendo delitos y tantos inocentes pagando lo que no les corresponde el problema es que si no hay dinero para darle una mordidita al policia, al abogado, etc no se puede resolver la situacion... Asi es El Salvador
En vez de tener instituciones corruptas mejor deverian de aumentar el trabajo en El Salvador para que los jovenes puedan trabajar y obviamente hacer algo con los que si son delincuentes...
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